La ley ya promulgada por el Ejecutivo Nacional incorpora no solo a trabajadores sino también a jubilados. Esto permitirá recomponer el poder adquisitivo de uno de los sectores mas afectados por este impuesto.
La ley permite desarticular un impuesto regresivo y a partir de ahora beneficiara a aquellos que perciban menos de 150.000 pesos. La medida permitirá mejorar el poder de compra de un amplio sector y de esa manera reactivar la economía. Es retroactiva a enero 2021. Aquellos trabajadores les descontaron ganancias por enero, febrero y marzo, se les devolverá lo retenido en el recibo de sueldo de abril.
Dejan de pagar el impuesto 1.267.000 trabajadores/as y jubilados/as, representando un beneficio para más del 90% de las personas asalariadas.
- Se sube el piso mínimo a $150 mil brutos o jubilaciones por encima de 8 haberes mínimos. Antes eran 6 haberes mínimos
- La vigencia de la ley será retroactiva a enero de 2021.
- Se excluye del cálculo el pago del aguinaldo.
- Se elimina el tope de edad para deducir a los hijos/as por discapacidad.
- Incorpora perspectiva de género ampliando la deducción al concubino/a cualquiera fuera el sexo, sin requerimiento de acta de matrimonio.
- Se exime al personal de salud de pagar el impuesto por horas extras o guardias hasta septiembre 2021.
- Se excluye del Impuesto la provisión de herramientas educativas para hijos/as del trabajador/a.
- Exención específica para el pago de suplementos particulares del personal militar.
- Excluye del cómputo de Ganancias los bonos por productividad, con un límite de hasta 40% para salarios que no superen los $300.000 brutos.
- Excluye del Impuesto a la provisión de ropa de trabajo, al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al otorgamiento o pago de cursos de capacitación indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del empleado.
Una vez que entre en vigencia el nuevo piso de Ganancias se actualizaría de acuerdo a variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
Este paquete equivale a un esfuerzo fiscal de $48.000 millones.
