Supone una capacitación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático.
Fue aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la Ley Yolanda para el territorio porteño, que consiste en brindar la “la capacitación y formación integral en materia ambiental y desarrollo sostenible para los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Entre los temas que se abordarán se encuentran: impacto ambiental de las políticas públicas; concepto del desarrollo sostenible y contribución de los objetivos de desarrollo sustentable locales; gestión de residuos y Economía circular; cambio climático.
El proyecto, que ya había sido aprobado por el Senado, fue sancionado por la Cámara baja con 213 votos a favor y 1 en contra, del diputado del PRO de Neuquén Francisco Sánchez y 2 abstenciones.
El nombre de la ley proviene de Yolanda Ortiz, la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina. A sus 87 años presidió la ONG Centro Ambiental Argentino CAMBIAR y se desempeñó como asesora ad honorem en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
El proyecto menciona que la autoridad de aplicación deberá establecer, dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley, los lineamientos generales destinados a las capacitaciones, procurando que se incorporen tanto las dimensiones de sensibilización como de transmisión de conocimientos. Se deberá garantizar la participación de instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones, en el proceso de confección de los lineamientos generales.
Tal como indican los fundamentos de la ley, se trata de “una herramienta más que permitirá que los funcionarios del GCBA puedan profundizar y afianzar su gestión desde la perspectiva del ambiente y que la Ciudad cuente con mejores políticas públicas que permitan aumentar nuestra capacidad para mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático”. Expresando la necesidad de que los tres poderes del Estado nacional diseñen, evalúen e implementen políticas públicas con perspectiva ambiental. Es una apuesta por la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y de un nuevo contrato social de ciudadanía responsable.
