Con 131 votos a favor, 117 en contra, y 6 abstenciones. Ahora, la iniciativa irá al Senado, se espera que sea el 29 de diciembre de este año.
Por segunda vez consecutiva la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que busca legalizar el aborto hasta la semana 14 inclusive. Esto se logró con 131 votos a favor, 117 en contra, y 6 abstenciones.
La sesión duró 22 horas, mientras que en el Congreso se encontraba la plaza dividida por vallas para separar el sector verde del celeste. Al momento de confirmarse el resultado, la marea verde estalló en gritos y aplausos, tal como sucedió en el 2018.
La presidenta de la comisión de Legislación General, la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau, señaló que «este proyecto profundiza una política de salud pública que tiene como eje el acompañamiento de las mujeres y de las personas gestantes, sea cual fuere su plan de vida. Se trata de poder garantizar un acceso y un disfrute pleno».
Siguiendo con la misma línea, Pablo Yedlin, diputado del Frente de Todos indicó que «decenas de miles de mujeres en la Argentina son internadas todos los años por complicaciones de abortos». «Este proyecto no va contra la religión de nadie y no va contra las creencias de nadie. Hace cien años que la Argentina viene condenando a las mujeres que deciden suspender su embarazo, que lo han decidido y que van a seguir haciéndolo», agregó.
En una postura un tanto en el medio de los dos sectores, el diputado del PRO, Fernando Iglesias, se mostró a favor del proyecto aunque consideró «oportunista» el envío de la iniciativa y propuso que se modifique el texto y que haya un límite a la semana 24 de gestación para realizar la práctica en caso de violación. «Existe un momento en que el embrión se convierte en un feto viable y esto tiene que estar en la ley», dijo.
Así como también hubo quienes modificaron su voto en cuanto al 2018, como fue el caso de la diputada del Frente de la Concordia Misionero, Flavia Morales, que había votado de forma negativa, pero esta vez acompañó el proyecto de aborto legal. “No se trata de lo que yo piense, sino de lo que uno escucha en el territorio. Es el Estado el que debe regular”, dijo y agregó “Hoy decido acompañar y votar a favor de la legalización, para que las mujeres mejoren las condiciones de vida de su país”.
Pero también hubo mucho revuelo por acusaciones entre diputados, como fue el caso de la diputada evangélica de Juntos por el Cambio, Dina Rezinovsky, que acusó al oficialismo de «comprar» votos a favor del aborto legal «con la billetera» y continuó «esa marea (verde) de la que hablan es un simple charquito». Y finalizó con una frase que obtuvo varios memes «Yo no voy a hablar desde la religión, aunque bien podría hacerlo, pero si tanto les molesta Dios, sáquenlo de la Constitución».
El diputado jujeño Daniel Ferreyra denunció que su hija recibió amenazas y que por esa razón decidió abstenerse en lugar de votar a favor, como tenía resuelto. «Me hubiera gustado votar libre de presiones. Una periodista dijo que vendí mi voto por plata. Por esa razón no estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas», dijo Ferreyra, con culpa.
Siguiendo con las denuncias, el legislador del PRO, Martín Maquieyra, lamentó que el aborto sea «la prioridad» del Gobierno nacional y cuestionó al oficialismo por lo que consideró un «tratamiento exprés» de la iniciativa, al recordar que en 2018 se escucharon 700 oradores y en esta oportunidad «no más de 30 de cada postura».
El proyecto de ley sufrió varios cambios desde el 2018, uno de los principales y más hablados cambios fue el de la objeción de conciencia. Si bien el texto del despacho de mayoría no habilitó la objeción de conciencia institucional, se permite que una institución médica pueda excusarse de realizar la práctica en caso de que la totalidad de sus profesionales estén inscriptos como objetores, pero deberá hacerse cargo de la derivación de las pacientes de forma inmediata y sin dilaciones.
La otra modificación que se introdujo tiene que ver con «la posibilidad de que en el caso de adolescentes de 13 a 16 años, tengan un acompañante o referente afectivo». También, se modificó el artículo 5, donde se sumó un párrafo que indica que el abuso sexual en menores de edad debe ser comunicado de acuerdo al artículo 30 de la ley 26.061 y el artículo 72 del Código Penal que lo reconoce como un delito de instancia pública.
Se estima que el proyecto será tratado el 29 de diciembre en el Senado, antes de fin de año, pero también hay rumores de que esa fecha pueda ser aplazada hasta febrero del 2021.
