El proyecto incluye a partir de 2020 un aumento trimestral de las partidas alimentarias en base al incremento del rubro “alimentos y bebidas” del Índice de Precios al Consumidor y la variación de la canasta básica medida por el INDEC.
En una sesión que duró poco menos de cuatro horas el 18 de septiembre, el Senado convirtió en ley por unanimidad la prórroga de la Emergencia Alimentaria hasta diciembre de 2022. Ahora, el Gobierno debe promulgarla para reasignar partidas presupuestarias por 10.400 millones de pesos para paliar la urgencia de los sectores más vulnerables de la sociedad en lo que queda del año.
La iniciativa, que fue impulsada por la oposición y el oficialismo decidió acompañarla, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre de este año. Establece un «incremento de emergencia» como mínimo del 50% «de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».
En el debate no faltaron críticas al oficialismo, que casi no tuvo expositores. Con 61 votos a favor, el proyecto fue convertido en ley a menos de una semana de que fuera aprobado por la Cámara de Diputados.
El jefe del interbloque Cambiemos criticó las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner: «Tuvieron tiempo, gobernaron 12 años con recursos, con commodities y con poder: tuvieron mayoría en ambas cámaras, gobernadores que los acompañaron, y un poder sindical y empresarial que también acompañó».
Cristina Fiore Viñuales, del bloque PARES, manifestó que «esta sesión es una oportunidad para que quienes tienen la oportunidad de decidir vean que este tema no es un eslogan de campaña, existe y es vergonzoso».
En tanto, el senador Fernando «Pino» Solanas señaló que “por segunda vez en la historia contemporánea, la aventura del proyecto neoliberal termina en una hambruna, termina en desnutridos, termina en una tasa de indigentes enorme, y hoy 5 millones de argentinos comen una sola vez por día».
«En un gobierno no puede haber mayor fracaso que tener un índice de pobreza como el que tiene la Argentina, siendo un país productor de una enorme riqueza alimentaria», destacó Solanas, que respecto del proyecto de ley dijo que «tiene sus límites y que quizá no sea del todo justa». Sin embargo, resaltó que «la alimentación es un derecho garantizado por pactos internacionales y por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional».
