La Legislatura avaló un acuerdo entre el Gobierno metropolitano y el Ministerio de Justicia nacional para construir una nueva unidad penitenciaria federal que posibilite el desalojo del último establecimiento penal que existe en la Ciudad de Buenos Aires. En principio, el 35% del predio será vendido para financiar la nueva unidad penitenciaria. El porcentaje restante se destinará a espacio público. Hubo quejas de legisladores de la oposición.
Por iniciativa del oficialismo, los diputados porteños aprobaron hoy un convenio entre la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a los efectos de mudar la cárcel de Villa Devoto (Comuna 11) y permitir emprendimientos inmobiliarios en sus actuales terrenos.
El entendimiento fue firmado el 12 de marzo último por el jefe de Gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro nacional Germán Garavano y el presidente AABE, Ramón Lanús. El proyecto del Poder Ejecutivo impulsado por el diputado Francisco Quintana (VJ) obtuvo despacho de la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, que conduce Juan Nosiglia (S+).
Se estipula desafectar el Complejo Penitenciario Federal de calle Bermúdez al 2600, que totaliza unas 4,7 hectáreas en Devoto, para lo cual previamente se construirá una nueva cárcel (en un lugar que el convenio no especifica) cuyo costo será solventado por la CABA.
Una vez desalojada la unidad penitenciaria y trasladados los internos y el personal al nuevo establecimiento, la Legislatura dispondría la rezonificación de esos inmuebles para autorizar emprendimientos urbanísticos.
«Una vez que el inmueble del Complejo Devoto se encuentre desocupado, desafectado de los servicios del SPF y se encuentre rezonificado, se podrá proceder a su venta mediante las autorizaciones pertinentes y de acuerdo a las normas vigentes, a cuyo fin tomará la participación que le compete la AABE», consigna la cláusula quinta del compromiso bilateral. Las especificaciones y condiciones se fijarán en posteriores actas entre las partes, que serán representadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (por la Ciudad) y la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios (por la Nación).
La aprobación fue con 37 votos positivos de Vamos Juntos, Partido Socialista y Mejor Ciudad; la abstención de 14 legisladores de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, Suma+ y Gen y la oposición de 5 diputados del Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad.
En el recinto, todos los diputados manifestaron estar de acuerdo con el traslado de la cárcel por razones humanitarias y urbanísticas, pero desde la oposición hubo también coincidencia en criticar la falta de precisiones respecto de los detalles no especificados en el Convenio Marco con la Nación y sobre el destino que se le darán a los terrenos, una vez desalojados.
Por su parte, diputados de la oposición expresaron sobre este acuerdo marco que este tipo de convenios son un cheque en blanco y que aún faltan muchísimas especificaciones. Y protestaron contra la comunicación oficial porque consideran que se enteran de las cosas por los medios. Finalmente embistieron contra el gobierno porque consideran que no se sabe dónde se va a hacer la nueva cárcel, cuál será la inversión, ni cómo será el recupero.
