«Produce innumerables problemas de convivencia para los vecinos del Barrio, que sumados a la deficiente estructura edilicia y las bajas condiciones de salubridad e higiene, menoscaban la calidad de vida de una amplia zona de la Ciudad de Buenos Aires».
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una declaración manifestando que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional realice las gestiones necesarias para trasladar el Complejo Penitenciario Federal ubicado en la manzana delimitada por las calles Pedro Lozano, Desaguadero, Nogoyá y Bermúdez del barrio de Villa Devoto. «La existencia de la cárcel en el Barrio de Villa Devoto produce innumerables problemas de convivencia para los vecinos del Barrio, que sumados a la deficiente estructura edilicia y las bajas condiciones de salubridad e higiene, menoscaban la calidad de vida de una amplia zona de la Ciudad», destacan los fundamentos del proyecto de autoría de las diputadas Cristina García (CP) y Paula Oliveto Lago (CC). Durante el debate García recordó antecedentes legislativos presentados en 2004 por las diputadas MC Silvia La Ruffa, en 2007 por Liliana Parada, en 2009 por Ritondo, en 2011 por Campos y Presman y en 2013 por alumnos de sexto y séptimo grado del colegio «Benito Juárez» en el marco del programa «La Legislatura y la escuela». El Penal de Villa Devoto, construido en la década del 20 en terrenos donados por Antonio Devoto, hasta 1957 fue una prisión para contraventores y dependía de la Policía Federal. En noviembre de 1957, la “cárcel de Devoto”, pasó a depender del Servicio Penitenciario Federal, y comenzaron a recibirse detenidos de toda índole. Si bien su capacidad es de 1600 reclusos, en la actualidad se alojan allí más de dos mil detenidos. Las consecuentes condiciones de hacinamiento que esta superpoblación implica, ocasiona numerosos problemas de convivencia, que sumados a la deficiente estructura edilicia y las mínimas condiciones de salubridad e higiene, dificultan el control de la seguridad. En 1978 se produjo allí la mayor tragedia ocurrida en establecimientos penitenciarios de la Argentina: un motín con un saldo de 61 muertos y 85 heridos por asfixia y quemaduras. Por otra parte, un despacho de minoría firmado por las diputadas Claudia Neira y Lorena Pokoik (FpV) pedía el archivo del expediente basándose en la intención del Gobierno Nacional de materializar el traslado del Complejo Penitenciario a la localidad bonaerense de Mercedes. Sostuvieron que «una declaración legislativa como la que se propone, deviene a la luz de los hechos por un lado innecesaria, y por el otro improcedente, por cuanto las acciones administrativas pertinentes se vienen llevando a cabo en un todo de acuerdo con lo dispuesto en las normas que reglamentan su ejercicio». Además agregan los fundamentos que «la misma solo puede perseguir la intención de instalar una inexistente “falta de voluntad” o atraso por parte del Poder Ejecutivo Nacional respecto al referido complejo traslado».
Finalmente, la declaratoria se aprobó en base a un despacho de mayoría de la Comisión de Seguridad con 40 votos positivos (PRO, CC, PSA, PSur, SUMA+, BC), 17 negativos (FpV, NE, SP, SL, FPP) y 2 abstenciones (FIT y MST) en presencia de un grupo de vecinos que ocuparon los palcos.
