Inconsistencias, deficiencias e irregularidades detectadas en la distribución y asignación de vacantes a través del sistema de inscripción on line. La Defensoría de la Ciudad criticó a las autoridades educativas del Gobierno de la Ciudad por la implementación de la cuestionada inscripción que dejó a cientos de estudiantes sin una vacante en el sistema público. Además, se puso en duda la transparencia del cambio ante la falta de explicitación de los criterios de ordenamiento de las listas de espera. De las 1.091 denuncias presentadas, casi el 33 por ciento de los casos informó haber inscripto a sus hijos en la educación privada, en un preocupante traslado de matrícula del sector estatal al privado.
El caso de mi hijo en el sistema de inscripción on line no tuvo resolución. Finalmente pude acceder por mis propios medios a una institución privada para resolver la escolarización de mi hijo quien se encuentra actualmente cursando sala de 4 años en una escuela privada. La vacante que nos fuera asignada el 9 de diciembre de 2013, y nos fuera des-asignada a mediados de enero de 2014 sin notificación alguna, nunca fue resuelta. Mi hijo quedó a partir de enero en lista de espera y a mediados de febrero nos encontramos con una vacante asignada compulsivamente (sin consentimiento ni consulta) en otro jardín. No resolvieron tampoco mis reclamos hechos al 147 y por la página web del Gobierno de la Ciudad. Jamás se comunicaron a través de ningún medio ni del Ministerio de Educación, ni representantes del GCBA”.
Una vez más, los grandes medios de comunicación eligieron el camino de la desinformación y la negación de la realidad al decidir la no publicación de este testimonio, el de la madre de un niño ingresante a sala de 4 años de nivel inicial. Éste es parte de las conclusiones del informe de “seguimiento de reclamos por problemas de asignación de vacantes limitadas a través del sistema en línea”, implementado por el Ministerio de Educación del GCBA. En los últimos días del mes de abril, la Dirección de Educación, Ciencia y Tecnología que forma parte de la Subsecretaría de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo porteña, publicó un duro documento que fue elaborado sobre la base de 939 reclamos presentados por adultos responsables de niños y adolescentes con problemas de asignación de vacantes aunque se alcanzó el número de 1.091 casos registrados ante el organismo público con las presentaciones formuladas en el verano de 2014.
La Defensoría de la Ciudad realizó un pormenorizado estudio acerca de la cuestionada inscripción diseñada por las autoridades de la cartera educativa de la Ciudad, a cargo del ministro Esteban Bullrich. Para el diseño del informe se conformó como muestra válida para analizar la situación de los 17.000 niños y jóvenes que tuvieron graves problemas para obtener su vacante en el sistema público, la totalidad de los reclamos presentados por adultos responsables, en el marco de numerosos recursos de amparo presentados por padres y docentes, acompañados por la Asesoría Tutelar, la Defensoría de la Ciudad y el gremio UTE, quienes se movilizaron desde el mismo instante en que se aprobó el fallido sistema on line acudiendo a la Justicia porteña. Así, entró en escena otro de los actores de la historia, el juez Osvaldo Otheguy, quien al rechazar dos recursos de amparo presentados al momento de la inscripción por el sindicato UTE y la Defensoría para que los padres pudieran tener la opción de anotar a sus hijos en las escuelas bajo la modalidad presencial, es decir, concurriendo a las escuelas, jardines y colegios para entrevistarse en forma personal con los directivos de las instituciones, le permitió a las autoridades desarmar un camino de años de trabajo e implantar a las apuradas una nueva modalidad que le costó al erario público de la Ciudad 15.2 millones de pesos.
En cada uno de los casos de queja, la Defensoría actuó de la misma manera con personal que atendió y se interesó por cada situación particular, brindando asesoramiento, orientación, y muchas veces, contención ante situaciones de aflicción e incertidumbre con relación a la escolaridad de los niños, niñas y adolescentes sin vacantes confirmadas, aún a poco de inicio del ciclo lectivo, y en muchos casos, una vez comenzado no tenían noticias positivas en relación a la escuela elegida. Frente a la dimensión del problema y a la negativa de las autoridades del macrismo de aceptar los hechos, y a pesar del notorio silencio informativo de un conflicto que intentó ser invisibilizado, La Rayuela fue uno de los pocos medios de comunicación que le dedicó un amplio espacio en sus páginas, en las últimas ediciones. El mismo informe dio cuenta de la falta de respuestas de parte del GCBA, “a la fecha de elaboración del presente informe no se recibió en esta Defensoría del Pueblo respuesta del Ministerio de Educación del GCBA a las recomendaciones formuladas”. Tampoco el organismo recibió de parte de las autoridades de la administración de Mauricio Macri el tenor de las comunicaciones de la cartera educativa con las familias que habían iniciado recursos de queja en la Defensoría, ni se informó acerca de la resolución o no acerca de cada uno de los problemas de vacantes, y menos aún si se conformó la expectativa en los casos en que se hubiera arribado a una situación de solución afirmativa.
Este cronista recuerda que en el verano, La Rayuela junto a otros medios accedió al informe presentado por el Ministerio de Educación de la Ciudad a la Justicia, en el marco de la causa judicial abierta por las irregularidades en el sistema de inscripción por Internet. Allí se admitió que 17.615 chicos y adolescentes se hallaban en lista de espera, siendo 13.211 del nivel inicial, 1.585 de primaria y 2.819 del secundario, tal como lo habían confirmado fuentes del sindicato UTE, que formó parte de la presentación judicial junto a la Defensoría y a la Asesoría Tutelar. En ese momento ya no se podía mirar para otro lado e inclusive la Justicia debió dar una vuelta de timón a un caso cerrado y el mismo juez Osvaldo Otheguy, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 8, que le había dado luz verde a Bullrich y su equipo ministerial, debió citar a todas las partes a una audiencia para la habilitación de un espacio en el que padres y funcionarios avanzaran en llevar tranquilidad a la sociedad porteña en torno del fundamental derecho a la educación puesto en jaque por el nuevo sistema de inscripción on line, en medio del caluroso verano porteño.
El informe dio cuenta, tal lo admitido por el ministro Bullrich, que “los problemas de asignación de vacante registrados para el ciclo lectivo 2014 excedieron al segmento de la población infantil que la Administración local encuadra dentro de la educación no obligatoria, conforme una visión restringida acerca del alcance de la obligatoriedad escolar en la educación de nivel inicial”. En efecto, una resolución judicial del 5 de marzo, dictada en el marco de una acción de amparo promovida por un grupo de padres, “si bien la educación resulta obligatoria desde los 5 años de edad y hasta completar, como mínimo los 13 años de escolaridad, lo cierto es que ello no exime al Estado de la Ciudad de Buenos Aires de la responsabilidad indelegable que le impone la Constitución de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita a partir de los 45 días de vida”. En ese sentido se expresó el Tribunal Superior de Justicia a través de una sentencia firmada el 13 de agosto de 2007.
En el relevamiento efectuado por la Defensoría del Pueblo, surgieron algunos datos que fueron incluidos en el crítico informe emitido ante la implementación de la inscripción on line para el ingreso a las escuelas públicas. Un elevado número de familias, al no tener aseguradas las vacantes para los menores durante el verano y aún iniciado el ciclo lectivo, expresó las dificultades e incertidumbres que cada una de las familias debió sortear hasta conseguir un banco disponible. Numerosos casos dieron cuenta que finalmente se llegó a un final feliz, “luego del derrotero de las familias por distintas dependencias, organismos y/o por intervención directa y personalizada de los equipos directivos de los establecimientos educativos o de las supervisiones escolares”. Otros casos, sencillamente dieron cuenta de disconformidad de esas familias con relación a la vacante conseguida “esgrimiendo cuestiones relacionadas con modalidad, turno, jornada y distancia geográfica de los establecimientos educativos asignados”.
El testimonio de una madre de una niña ingresante al nivel primario, el 11 de marzo, “todo nuestro esfuerzo valió la pena pues la directora de la escuela tomó cartas en el asunto y validó las vacantes confirmadas que nos fueron quitadas por el Gobierno de la Ciudad en enero, dado que las listas que llegaron a la escuela se encontraban nombres inscriptos repetidas veces y aún así quedaban vacantes libres. El trabajo ineficaz realizado por el GCBA, todavía se extiende, dado que el domingo pasado a un día de comenzar las clases, me volvieron a llamar para preguntarme si necesitaba una vacante… es decir que ellos no tienen registros, ni control sobre el desastre que hicieron”.
Pero, no todos los casos recibieron una respuesta satisfactoria. De hecho, el 14.6 por ciento de las familias consultadas no confirmaron vacante tanto en la educación de nivel inicial como en la de nivel primario y secundario “porque las que les habían sido otorgadas a través del sistema en línea no respondían a las elecciones, intereses y/o necesidades de las familias con relación al establecimiento seleccionado, prioridades de ingreso al mismo, distancias, tipo de jornada, turno, modalidad, especidad, etc. Y, aún peor, un 32.5 por ciento de los casos se agrupan las familias que “optaron por inscribir a sus hijos en escuelas de gestión privada”.
“Los graves errores detectados en el programa informático en cuanto al proceso de carga y validación de los datos evidencian los riesgos y los costos no sólo en términos presupuestarios de tercerizar servicios soslayando contextos, conocimientos adquiridos a lo largo de los años, trayectorias de agentes del sistema educativo e, incluso, experiencias previas de innovación tecnológica como la que esta misma Administración estaba llevando a cabo a través del referido Programa “PrimeroLaEscuela.com”, afirmó el documento de la Defensoría.
Ya no hay ninguna duda que la gran metrópoli argentina muestra un serio déficit en el número de escuelas públicas, en especial para niños y niñas de 45 días a 3 años. Es cierto que no es responsabilidad exclusiva de la actual gestión de Mauricio Macri, se trata de una problemática que se arrastra en el tiempo, pero, desde el año 2008 hasta el presente el nivel de subejecución presupuestaria en materia de infraestructura escolar asciende a casi 1.000 millones de pesos. Así no habrá solución alguna si la administración macrista no toma el toro por las astas y destina los fondos necesarios para el mejoramiento de la infraestructura actual e incrementa el número de establecimientos públicos.
El documento elaborado por la Defensoría del Pueblo, presentado a las autoridades del Gobierno de la Ciudad y difundido a la prensa, puso en evidencia que los cambios llevados adelante por la cartera educativa porteña en la inscripción a las escuelas públicas tuvo “graves errores en el diseño del programa informático”, dejándose de lado el programa de inscripción presencial denominado PrimeroLaEscuela.com, que fuera diseñado por docentes de informática de la Escuela Técnica 32 “General San Martín” e implementado desde el año 2009 con singular éxito, sin costo alguno para el Estado capitalino. Además, se sostuvo que en muchos casos “se distribuyeron y otorgaron vacantes sin respetar las prioridades de ingreso establecidas en el Reglamento Escolar”.
Y, un cambio tan abrupto en el sistema de tramitación de vacantes sin haberse adoptado los recaudos ni haberse brindado las garantías necesarias para alcanzar la correcta y confiable implementación dejó al descubierto que los intereses de niños y adolescentes no fueron tenidos en cuenta por las autoridades porteñas. Y tampoco los medios masivos de comunicación, en su inmensa mayoría, estuvieron a la altura de las circunstancias ante un gravísimo conflicto educativo que estalló en la Ciudad afectando a 17.000 familias pero que prefirieron ignorar los hechos. No fue el caso de este cronista ni de este periódico.
Claudio Morales*
*Periodista. Corresponsal, Colaborador y Productor Periodístico de medios de comunicación argentinos y del exterior. Director fundador del Grupo Pasteur, primer colectivo multimedia cultural-educativo juvenil de la Argentina.
