A propósito de actividades desarrolladas en la villa La Carbonilla, de La Paternal, por el Ejército junto con la agrupación kirchnerista La Cámpora, el diputado de la Ciudad Maximiliano Ferraro (CC-UNEN) anunció que presentará un pedido de informes al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para que explique si esas acciones cuentan con el acuerdo del Ejecutivo porteño.
Así lo anunció el legislador en su página de facebook, donde manifestó su preocupación por “la presencia de fuerzas del Ejército junto a dirigentes de La Cámpora en barrios de la Ciudad de Buenos Aires”.
A su juicio, se trata de “un hecho grave, que el Gobierno porteño no debería permitir”, y remarca que “es aún más grave cuando se realiza en un territorio que el oficialismo no gobierna y en acuerdo con un jefe de las Fuerzas Armadas como el general [César] Milani, que está acusado e investigado por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar”.
Y previene: “Lo único que nos falta es que Milani, bajo el amparo y legitimación de las Madres [de Plaza de Mayo] y La Cámpora, comience a realizar tareas de inteligencia”.
En ese sentido, Ferraro considera que “es triste ver cómo un organismo de derechos humanos y una agrupación política se relacionan con un represor e imputado por delitos de lesa humanidad como el general Milani, llevando adelante tareas donde el Ejército no debería actuar, salvo alguna situación de emergencia o catástrofe”.
Seguidamente, nos recuerda a los argentinos que “ya sabemos qué es lo que ocurrió” en el país “cuando se le dio al Ejército un rol político y despliegue territorial”.
De Facundo Di Filippo
Asimismo, esas actividades fueron severamente cuestionadas por el diputado (mc) Facundo Di Filippo, quien sostuvo que la presencia de efectivos del Ejército en ese asentamiento es parte de una operación mediática para blanquear las imágenes de esa fuerza y de su jefe de Estado Mayor, César Milani.
Para el ex legislador y actual referente del Partido Social de la Ciudad, “que haya treinta militares haciendo obras en un barrio y se le dé ese nivel de difusión solamente puede responder a una operación mediática que tiene que ver con despegar al Ejército de su historia represiva e intentar blanquear un poco la figura de Milani”.
Así lo expresó en declaraciones radiales, en las que puso de manifiesto que se trata de “ese mismo Ejército que hasta hace unos años tenía un programa que se llamaba Proyecto X, en el que hacía inteligencia con organizaciones sociales”.
“Tenemos trabajo territorial en La Carbonilla con compañeros que están allí articulando con los vecinos y tratando de generar mejores condiciones de vida”, informó Di FIlippo, quien caracterizó al lugar como “un asentamiento bastante precario, conformado en un principio por cartoneros y que se fue ampliando sobre un predio del ferrocarril que le pertenece al gobierno nacional”.
Y prosiguió: “Cuando nos enteramos del ‘festejo’ del 24 de marzo que realizaron allá con la presencia de Hebe [Bonafini] y del ministro [de Defensa, Agustín] Rossi, imaginamos que atrás venía alguna intención para con ese asentamiento, y terminamos de confirmarlo cuando se empezó a difundir la presencia del Ejército para ‘tareas de urbanización’”.
Aclaró en ese sentido queel de “urbanización es un concepto bastante más amplio que reivindica derechos, no solamente a la vivienda sino también al hábitat y a la integración urbana” y que en verdad “lo que está haciendo hasta ahora [el Ejército] son obras”.
Al respecto Di FIlippo, que en la Legislatura presidió las comisiones de Vivienda y de Derechos Humanos, consideró: “Bienvenido sea que el Estado nacional decida invertir para hacer obras en la ciudad: de hecho el Plan Federal de Viviendas debería destinarle dinero y siempre hay reticencias porque la administración no es del mismo color político”.
Pero observó: “Hay un dato que no es menor: el playón de La Carbonilla se encuentra en la misma línea de ferrocarril donde están los predios que fueron rifados a la especulación inmobiliaria en un acuerdo que nosotros denominamos el pacto Pro-K”.
A su juicio, ese hecho muestra “los niveles de coincidencia entre el Estado nacional y el Estado de la Ciudad para ponerse de acuerdo a la hora de fomentar la especulación inmobiliaria y de generar procesos de revalorización de la tierra, que lo que hacen paulatinamente es expulsar a los sectores populares”.
Sin embargo, después de recordar que “en los casos del playón de Chacarita, de La Carbonilla y de la villa 31, las tierras son del gobierno nacional”, señaló que, hasta ahora, ambos Estados no se han puesto de acuerdo sobre a quién deben ser cedidas, “si a la Ciudad o a los vecinos, para su posterior proceso de urbanización”, y destacó: “En eso no hay acuerdo; pero para la especulación inmobiliaria, sí”.
“Volviendo al caso específico de La Carbonilla”, advirtió que “esta pretensión del gobierno nacional y de algunos sectores políticos de llevar el Ejército allí debió haber sido consultada o debatida” y que disposiciones de ese tipo deben adoptarse “de manera coordinada, no solamente con el Estado de la Ciudad sino con los vecinos”, pero que la medida en cuestión “no fue consultada con los vecinos, no hubo ninguna asamblea ni ningún espacio de consulta donde se planteara eso”.
Por si no quedaba claro, resaltó: “Estamos totalmente en desacuerdo: ¿a quién le gustaría levantarse una mañana y encontrar a treinta militares en la puerta de su casa?”
Por último, recomendó: “Hay que tener un poco de responsabilidad a la hora de encarar este tipo de procesos y no hacer burbujas mediáticas con el destino y con la tranquilidad de una comunidad como la de La Carbonilla”.
