En la sesión ordinaria del pasado 3 de abril, la Legislatura de la Ciudad Autónoma se pronunció sobre los denominados linchamientos que recientemente han proliferado en distintas ciudades y localidades del país, incluyendo el territorio porteño y el conurbano bonaerense.
La Legislatura porteña aprobó una declaración por la cual “expresa su profunda preocupación por los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en diversas localidades del país y en la ciudad de Buenos Aires y rechaza la denominada ‘justicia por mano propia’”.
El texto se consensuó después de un áspero debate en el que participaron representantes de todos los bloques, y que se caracterizó por la vehemencia de muchas intervenciones y las frecuentes invocaciones al Estado de Derecho, sin que faltaran chicanas ni acusaciones cruzadas.
Los proyectos
Todo empezó cuando Aníbal Ibarra, del Frente Progresista y Popular (alineado con el interbloque kirchnerista), presentó un proyecto de declaración de su autoría que propiciaba que la Legislatura expresara “su repudio y preocupación por los hechos de violencia en relación con supuestos delincuentes sucedidos en los últimos días” y reivindicara “el valor del Estado de Derecho y las instituciones democráticas para la solución de los conflictos y la obtención de justicia”. Y manifestaba: “Consideramos inaceptable la llamada ‘justicia por mano propia’ y llamamos a la sociedad en su conjunto a la reflexión para evitar que estos hechos ilegales y aberrantes se multipliquen”.
En el mismo sentido presentaron también sendos proyectos de declaración el bloque Verde Alameda, de Pablo Bergel y Gustavo Vera, y el Frente para la Victoria.
El primero planteaba que el cuerpo condenara “enérgica e incondicionalmente la práctica del linchamiento” y exhortara “tanto al Poder Ejecutivo Nacional como al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar todas las medidas necesarias tendientes a prevenir su repetición”. También exhortaba “a las personas que conducen tanto el Ministerio Público de la Nación como el de la ciudad de Buenos Aires a que extremen sus esfuerzos para perseguir y sancionar esa forma de delincuencia”.
En cuanto al del Frente para la Victoria, elaborado por Lorena Pokoik , proponía que el Legislativo local manifestara “su firme repudio a los hechos de violencia cometidos por grupos minoritarios de personas contra presuntos autores de delitos en la vía pública, inadmisibles e injustificables en el marco de la plena vigencia del Estado de Derecho”, e instaba “a toda la dirigencia política y a comunicadores sociales a manifestarse en contra de los hechos de violencia y en defensa de los valores republicanos y el sistema democrático”.
El tema no figuraba en el plan de labor parlamentaria, por lo que Ibarra hizo moción de que se tratara sobre tablas; para eso era preciso contar con el voto de las dos terceras partes de los presentes, lo que no era posible sin la bancada del Pro, que propuso en cambio que esos proyectos fuesen girados a la Comisión de Seguridad del cuerpo.
Comienza el debate
Se suscitó entonces el debate mencionado al comienzo de esta crónica, donde el vicepresidente primero del cuerpo, Cristian Ritondo, con estilo realista y lenguaje por momentos coloquial, fundamentó la posición del oficialismo porteño.
“Creemos que la justicia por mano propia está mal”, aseguró, pero advirtió que “el Estado de Derecho significa que la seguridad y la Justicia funcionen”. En su opinión, “no pasaría esto, no habría reacción, no correrían los ciudadanos a los delincuentes, si no hubiera puerta giratoria, seguramente [estos] estarían presos y no volverían a delinquir”.
Le replicó Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro (en el interbloque kirchnerista), quien comenzó su intervención diciendo que “cuando uno expresa una cantidad de razones por las cuales esto puede suceder o por las cuales tenemos que comprender que esto sucede, y empezamos a comprender aquello que nos saca del Estado de Derecho, me parece que nos estamos alejando del Estado de Derecho”.
Y añadió: “No vamos a decir que no hay inseguridad o que la gente no la sienta, no la viva o no la sufra, porque todos sabemos que esto ocurre permanentemente; lo que no tiene nada que ver con esto es estar justificando o apañando o buscándole alguna explicación a algo que nos quita de nuestra solidaridad como ciudadanos y como miembros de una comunidad”.
Calificó de “peligroso” al hecho de que la Legislatura fuera “incapaz de ponerse de acuerdo en el repudio a algo que es un camino hacia la barbarie” y opinó que “los medios de comunicación tienen que ser llamados a la responsabilidad en la manera en que hablan de estos temas y en la manera en que los nombran”.
“Acá hay ciudadanos argentinos matando a otros ciudadanos argentinos bajo ningún imperio de la ley, y eso es lo que hoy esta Legislatura tiene que repudiar”, finalizó.
De nuevo en uso de la palabra, Ritondo explicó: “Yo no estoy diciendo que [el linchamiento] esté bien; lo que estoy diciendo es que, como dijo Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, es una respuesta al hartazgo de la gente que se siente indefensa”.
Y prosiguió: “Como responsables políticos entendemos que la justicia por mano propia está mal; lo que decimos es que hay inexistencia de funcionamiento del Estado, y el Estado de Derecho tiene que ver con ese funcionamiento”.
En ese sentido, hizo notar que “uno camina cuarenta cuadras y no ve policías” y contó: “A mí me robaron quince días antes y la Policía Federal sabe que ahí roban todos los días; cuando fui a hacer la denuncia dijeron que tenían cinco litros de nafta por patrullero”.
Y enfatizó: “Eso es lo que queremos discutir, de esto está harta la gente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, ¡están podridos! Y hoy les venimos a decir ‘señores, son malos: no linchen, no actúen’”.
Sin abandonar el tono encendido, dijo que “actúan en defensa propia porque están desguarnecidos por un Estado donde a la policía la dejan de brazos cruzados y a la Gendarmería la mandan a barrios que no conoce”.
Muy porteñamente, continuó: “Pero la verdad, echarle la culpa a los que reaccionan… ¿Usted cree que los vecinos quieren agarrar a un delincuente, que lo quieren correr?”.
Y concluyó: “No, quieren que haya una policía que actúe y una Justicia que lo deje preso”.
La rama femenina
Una característica del debate fue que las principales intervenciones del kirchnerismo estuvieron a cargo de mujeres. Así, Alegre alegó: “Quiero defender a nuestro secretario de Seguridad, Sergio Berni, porque mal le hace Ritondo al poner en su boca palabras que no dijo”.
Además, acusó al Pro de hablar “de estos casos como si no tuvieran ninguna responsabilidad de gobierno” y de hacer “una utilización demagógica del tema al no condenar la violencia y tratando de justificarla o entenderla”.
Sostuvo que “en plena vigencia del Estado de Derecho, el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, y en la ciudad de Buenos Aires esa responsabilidad la tienen Mauricio Macri y su Policía Metropolitana”, y estimó que “por los deberes que les confieren la Constitución y las leyes debieran enfrentar el tema sin demagogia ni hipocresía, con la seriedad que se merece la circunstancia”.
A su vez Claudia Neira, quien actualmente ocupa la vicepresidencia de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, refiriéndose al “accionar de la Metropolitana y sus resultados en materia de prevención del delito”, apuntó: “Cada vez que hay un conflicto, o corren a llamar a Berni o generan un desastre como en el Borda. Son un mono con navaja”.
Observó asimismo que “la inseguridad es un problema global, y aunque la ciudad de Buenos Aires tiene niveles de violencia inferiores a la media mundial y a países vecinos como Brasil, debemos atender este problema de frente y no esquivando el bulto”, y afirmó: “A nosotros nos preocupa que haya un solo homicidio, y como diputados tenemos que asumir el rol que nos delegó la ciudadanía”.
Por último, señaló que “no hay lugar para los matices o los condicionamientos”, que “la condena a estas actitudes debe ser rotunda” y que “repudiar los linchamientos es defender las garantías más elementales, la garantía de salir a la calle sin ser ejecutado, de no ser condenado sin juicio previo”.
El cuarto intermedio, y después
El debate transcurrió en parecidos términos durante aproximadamente una hora, hasta que en un momento dado Alegre hizo moción de pasar a cuarto intermedio: la intención era limar asperezas, acercar posiciones y poder llegar por fin a un texto que pudieran aprobar todos los bloques.
Y así se hizo: después de la pausa, Alejandra Caballero, del Pro, leyó el texto en cuestión, consensuado sobre la base de un proyecto de su autoría y de los anteriormente mencionados.
Puesto a consideración del cuerpo, obtuvo el voto positivo de todos los miembros presentes salvo Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que se abstuvo, y para quien “la Legislatura votó un texto encubridor, que no repudia los linchamientos”. Dijo también, cuando fundamentó su abstención, que “triunfó la posición política de Macri y de Sergio Berni, que justifican estos hechos como plataforma de un reforzamiento represivo estatal e incluso paraestatal”.
En su intervención previa, el representante del FIT había resaltado que, por lo que hace a su bloque, “el rechazo a los linchamientos es incondicional, no está sometido a ningún tipo de ‘sí, pero’ ni de agregado”.
Insistió en fustigar “el ‘sí, pero’, es decir, el rechazo formal a la acción violenta que desarrolla un grupo, como ocurrió en estos días, e inmediatamente apelar a la justificación y a la comprensión y, de este modo, abrir el terreno para su legitimación política”.
Advirtió que “la acción del grupo que por su cuenta decide salir a la calle, hacer un linchamiento y llegar inclusive a la muerte de personas es el principio del fascismo”. Al respecto, previno que “con el mismo modus operandi con el cual se hacen estos linchamientos, mañana se ataca una huelga obrera, un piquete o una acción de lucha de los trabajadores”.
Después de poner de manifiesto, entre otras consideraciones, que “las palabras del secretario Sergio Berni con relación a estos episodios son dos gotas de agua con las declaraciones de Mauricio Macri”, hizo saber su desacuerdo con “la defensa de un Estado que todos los días muestra su vínculo con el crimen organizado, de una Justicia enlazada de múltiples modos con ese delito y de un aparato policial cuya complicidad ya es un hecho reconocido nacionalmente y casi con unanimidad”.
Y preguntó: “¿Qué respuesta puede dar a la situación de inseguridad un aparato estatal, un poder judicial político que es cómplice hasta los tuétanos de crímenes como el de Paulina Lebbos en Tucumán, de la desaparición de Marita Berón, de los casos de trata?”.
Finalmente, exhortó a la población “a enfilar su acción política contra los verdaderos responsables de la descomposición social y la inseguridad: el Estado, sus aparatos de represión y de ‘justicia’ y el gran capital, orgánicamente entrelazados con el crimen organizado”.
Haydee Breslav
