un proyecto de ley para regular las ferias ilegales conocidas como “saladas” y “saladitas”.
En declaraciones formuladas por el legislador, éste anunció que la iniciativa tiene por objeto “reglamentar los complejos comerciales no convencionales, ferias y mercados, que se calculan ya son más de 570 en todo el país, entendiendo la demanda social que conlleva a la expansión de este tipo de mercados informales, pero concibiendo a su vez las problemáticas derivadas por la falta de regulación de esta actividad”, así como “garantizar el derecho de los trabajadores, que la mayoría de las veces son explotados por mafias organizadas”.
En opinión de Sorgente, referente en su bloque de las pymes, “la proliferación ilegal de ‘saladas’ no solo destruye al comercio sino también al país, desalentando la inversión en obra pública, la industria, los emprendedores, la radicación de empresas, la propiedad intelectual, el diseño y desarrollo de marcas y productos nuevos”.
Para el legislador, “combatir la venta ilegal es una decisión netamente política”. Y enfatizó: “Estamos convencidos de que se puede hacer en todo el país, porque la gente se merece vivir mejor y no podemos condenar a los más necesitados a trabajar de manera ilegal. Muchos se están volviendo millonarios falsificando mercadería, y contratan trabajadores solo por un plato de comida”.
Asimismo, y según se informó, el proyecto “advierte que este tipo de ferias puede encubrir un negocio millonario, diseñado por mafias organizadas que desarrollan un sistema de trabajo esclavo e informal, [que abarca delitos como] trata de personas en talleres clandestinos -en especial de inmigrantes carentes de documentación que les impide ingresar en la formalidad laboral-, contrabando, robo y piratería de mercadería, inseguridad, narcotráfico, competencia desleal y corrupción”.
En ese orden de ideas, Sorgente afirmó, en el 29° Foro de la Mesa Nacional Antipiratería, celebrado recientemente, que “no votar esta ley es votar el trabajo esclavo, los talleres clandestinos, la inseguridad, la trata de personas y el narcotráfico”.
En consonancia, el subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedace, detalló en la oportunidad los distintos delitos que trae aparejados la venta ilegal, como infracción a la ley de marcas, tráfico de personas, reducción a la servidumbre y quebrantamiento de la ley penal tributaria, entre otros.
Algunas cifras
En el segundo semestre de este año, la cantidad de vendedores ilegales se incrementó 11,4 % con respecto al semestre anterior. Así lo establece el último relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en 455 ciudades de las 24 jurisdicciones del país.
Ese trabajo permitió revelar, en 109 ciudades, un récord de 656 “saladitas” con 61.721 vendedores, en tanto que en el total de ciudades evaluadas se encontraron 27.070 manteros, el 77,2 % de ellos localizados donde previamente se habían instalado “saladitas” y que, junto con los de esos predios, suman 88.791 vendedores ilegales en el país en sus diferentes modalidades. Se trata de 86 nuevas “saladitas” y 7.759 vendedores más que los registrados en el relevamiento anterior, realizado en febrero último.
De acuerdo con esas cifras, el informe estima que la venta ilegal al público alcanzó los $5.826 millones mensuales y rondará los $66.700 millones en todo 2016 y que los comercios están perdiendo ventas mensuales por $5.600 millones, que en el año superarían los $67 mil millones.
En cuanto a la distribución territorial, la ciudad de Buenos Aires encabeza la lista de distritos más afectados; le siguen el de Lomas de Zamora, las ciudades de San Salvador de Jujuy, La Plata y Puerto Madryn, y el partido de La Matanza: todos ellos concentran la mitad de los puestos ilegales detectados.
De acuerdo con CAME, “a pesar de que la administración actual viene mostrando una gestión más comprometida y se ha erradicado la venta ilegal de algunos barrios”, en el territorio porteño persisten 131 “saladitas” con 12.076 manteros y puesteros, aunque destaca, como dato positivo, que hay 1.520 puestos menos que en agosto del año pasado, “especialmente en la modalidad mantero, que es donde más trabaja el gobierno local”.
En lo que a las posibles causas de este incremento de la informalidad se refiere, esa organización lo atribuye a tres factores. El primero apunta a la responsabilidad oficial, pues señala “la falta de controles que da lugar a que ese fenómeno se expanda sin pausa”, en tanto que los otros dos ponen de manifiesto la incidencia de la situación económica.
Así, define al segundo factor como el “aumento en la cantidad de gente buscando precios más accesibles, que cambia consumo formal por informal y alienta a incrementar la masa de vendedores ilegales, que al no pagar impuestos ni cumplir con las normativas de seguridad o higiene que se exigen, ofrecen mejores precios” y considera que el tercero es el “mayor desempleo, que generó que más individuos encontraran en la venta ilegal una vía de supervivencia”.
Pero, observa, “más allá de la emergencia económica del momento preocupa el crecimiento descontrolado del formato de las ‘saladitas’, que frente a la vista de las autoridades se va instalando como un modelo de negocios que, además de afectar al comercio, precariza las condiciones de producción, comercialización y empleo de la economía”.
Por otra parte, la venta ilegal le produce fuertes pérdidas al Estado. En ese sentido, el presidente de CAME, Osvaldo Cornide, resaltó que “lo que se vende en las ‘saladitas’ y a través de los manteros en las calles no solo perjudica al comercio que cumple quitándole ventas, sino que los obliga a pagar más impuestos y le resta recursos fiscales al Estado”.
Puso de manifiesto además que “mientras la presión fiscal sobre las pymes es récord, el Estado y las provincias se perderán de recaudar más de $16 mil millones este año solo por la venta final de productos ilegales en las calles y en las ‘saladitas’” y subrayó que “a ese monto hay que sumarle toda la cadena de evasión que se produce en las instancias intermedias de producción y en el empleo”.
Dijo también que, por un lado, “la presión fiscal sobre las empresas chicas y medianas, y especialmente sobre el comercio, se ha ido incrementando agresivamente en los últimos años” y que, por el otro, “florecieron los mercados informales generando montos de evasión altísimos que termina pagando el sector formal con más carga de impuestos”.
Haydée Breslav, para La Rayuela y Tras Cartón
