La Legislatura aprobó el traspaso de la ESMA

Con los votos del PRO y de la mayor parte del interbloque kirchnerista, la Legislatura de la Ciudad Autónoma aprobó la cesión a la Nación de los predios donde funcionaron la ESMA y otros cuatro centros clandestinos de detención, así como la disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM). En la misma sesión se aprobó la creación de un Consejo Asesor en Políticas Públicas de la Memoria.

“Es un nuevo pacto PRO-K, ahora contra los derechos humanos. Los K liquidan ese ente autónomo para seguir haciendo utilización política de los derechos humanos, como hacen en la ESMA”, dijo al término de la votación el diputado de la Ciudad Alejandro Bodart (MST), quien agregó: “Con el ascenso de Milani, el kirchnerismo inició la etapa de la desmemoria y hoy ha dado un nuevo paso”.

«En el día de hoy la Legislatura escribió una de sus páginas más oscuras. No se trata ya de los pactos en torno de operaciones inmobiliarias. Esta vez, se han transado estos negocios a cambio de la historia y la memoria del genocidio dictatorial», señaló a su vez su colega Marcelo Ramal (FIT).

“Por este camino quizás debamos devolver la ESMA a la Marina y volver a colgar el cuadro de Videla en el Colegio Militar», comentó por su parte Pablo Bergel (Verde Alameda).

Qué se aprobó

Como informamos oportunamente, se trata de dos proyectos enviados a la Legislatura el 3 de abril último por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que no pudieron ser tratados en la sesión del 24 de ese mes porque la presencia en el recinto de referentes de los derechos humanos encabezados por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y de trabajadores del IEM, fue decisiva para que se quebrara el interbloque kirchnerista y no alcanzara a aportar los votos suficientes.

Como también informamos, uno de los proyectos proponía la ratificación del convenio suscripto en secreto el 22 de enero último por el jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Milton Capitanich, y la vicejefa de Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, cuya primera cláusula establecía que el Gobierno porteño entregaba al Poder Ejecutivo Nacional el usufructo de los edificios donde funcionaron la ESMA y los centros clandestinos de detención Automotores Orletti, Club Atlético, Olímpico y Virrey Cevallos, ubicados todos ellos en territorio porteño. El otro proyecto planteaba la disolución del IEM y su liquidación.

En cuanto al Consejo Asesor, “fue incluido en las últimas horas por los legisladores para llegar a un consenso y alcanzar los votos necesarios”, informó la agencia gubernamental de noticias Télam, precisando que el organismo “estará integrado por tres representantes del Ejecutivo de la Ciudad, tres de la Legislatura y uno por cada una de las organizaciones sociales de derechos humanos”.

Tribuna Popular

La sesión se inició a las 12:50, presidida por el vicepresidente primero del cuerpo, Cristian Ritondo (PRO).

En primer término Bergel, invocando los artículos 76 y 77 del reglamento interno, solicitó que, al amparo de la figura de Tribuna Popular, se les permitiera hablar a representantes de organismos de derechos humanos que se encontraban presentes.

Se trataba de Nora Cortiñas, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de María Eva Bernat y de Mauricio Hernán García, que se habían anotado previamente en forma reglamentaria.

“La Constitución establece la democracia participativa, y la Tribuna Popular es una de las herramientas previstas para ejercitar este derecho”, arguyó Bergel.

La presidencia puso a consideración del cuerpo lo que tomó como una moción del legislador, a pesar de las señas de éste para explicar que los derechos y garantías establecidos en la Constitución son de cumplimiento obligatorio y no pueden ser sometidos a votación.

«No nos hicieron caso, perdimos la votación aun con un número de votos considerable, pero perdimos», resumió Bergel.

La sesión

Del mismo modo que en la sesión del 24 de abril, los proyectos debían ser tratados sobre tablas porque así lo habían acordado las titulares de ambos bloques oficialistas (nacional y porteño).

Le tocó a Helio Rebot, del PRO, hacer la moción correspondiente; de acuerdo con el reglamento, para habilitar el tratamiento eran necesarios los votos de las dos terceras partes de los miembros presentes que, contrariamente a lo ocurrido en la sesión del 24 de abril, los referidos bloques no tuvieron dificultad en reunir.

Fue así como se habilitó la tabla y empezó el debate, durante el cual Virginia González Gass (PSA) leyó la carta que Pérez Esquivel dirigió a todos los legisladores el 16 de abril “para hacerles un llamado a una profunda reflexión” sobre un “intento [que] tiene fuertes connotaciones políticas que conjugan el erróneo deseo de una de las partes de apropiación de esos espacios de memoria, con la de la otra que nunca tuvo interés en los mismos”.

El texto puntualizaba seguidamente: “Ambos gobiernos actuaron con absoluto sigilo en la negociación de ese convenio, para presentarlo como un hecho consumado, sin la más mínima consulta, diálogo e información al IEM ni a los organismos de derechos humanos que luchamos por su creación como ente autónomo y autárquico”.

A favor de los proyectos, Rebot intentó llevar tranquilidad al personal del Instituto, argumentando que quedan garantizados, “mediante la creación de un consejo asesor como área descentralizada de la Subsecretaría en el que participan la totalidad de los organismos que actualmente trabajan en el IEM, la estabilidad y remuneración de efectivos y contratados».

Después, su colega de bancada Daniel Lipovetzky habló de las acciones del Gobierno de la Ciudad en la materia. «Fue el gobierno de Mauricio Macri quien le dio rango de secretaría a los derechos humanos”, puntualizó.

Por su parte, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, aseguró; «No hacemos politiquería barata con los derechos humanos, sino que trabajamos por las políticas de Estado de memoria, porque fueron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner los que hicieron propias las demandas que los organismos de derechos humanos tuvieron por años y las transformaron en políticas nacionales».

En la postura contraria, Maximiliano Ferraro (CC) advirtió que «con la entrega del Instituto Espacio por la Memoria desaparece una política de Estado de la Ciudad para convertirla en una política del gobierno de turno» y previno: «Es preocupante también lo que ha hecho el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ahora nos viene a querer convencer con un consejo asesor, como si eso fuera realmente una política en materia de derechos humanos”.

En ese sentido, Bodart sostuvo que el nuevo organismo “sólo es un saludo a la bandera” y subrayó que “el traspaso del personal [del IEM] a Nación es compulsivo porque no incluye el derecho a opción para los trabajadores que quieran seguir en la Ciudad”.

Muy crítico, Ramal previó que «de un lado quedará en la Ciudad un Consejo Asesor de los Derechos Humanos bajo la batuta de Macri y Rodríguez Larreta, los represores del Borda” y que “del otro, se habilita al kirchnerismo a construir su ‘historia oficial’ de los derechos humanos” en la que “no van a figurar el nombramiento de Milani, los condenados de Las Heras o la tentativa de criminalización de la protesta social».

Después de más de dos horas de discusión, se pasó a la votación. Contrariamente a lo sucedido en la sesión del 24 de abril, las huestes kirchneristas se alinearon detrás de la jefa del bloque del Frente para la Victoria, con excepción de Gabriela Cerruti, Aníbal Ibarra y Pablo Ferreyra, miembros, respectivamente, de las agrupaciones filokirchneristas Nuevo Encuentro, Frente Progresista y Popular e Izquierda Popular.

Así, los proyectos fueron aprobados en general por 41 votos contra 15. Se pronunciaron a favor ambos oficialismos y en contra el interbloque UNEN, Confianza Pública, MST y FIT, además de los nombrados Cerruti y Ferreyra. En cuanto a Ibarra, se había ausentado de la sesión.

“No me imaginé tanta inmoralidad; tanta obediencia debida no se podía concebir”, contó después Nora Cortiñas en declaraciones a radio Continental.

Se manifestó “muy desilusionada y muy golpeada por la traición” y “por haberse hecho esto de manera totalmente inconsulta, violando pactos, tratados y leyes”.

Refirió  seguidamente cómo en la sesión le habían negado la palabra, y concluyó: “No quieren escuchar siquiera la reflexión de una madre”.

 

 

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