ENTREVISTA A ISAAC RUDNIK, DIRECTOR DEL ISEPCi

La contundencia de las cifrasRUDNIK-(diego)

para La Rayuela y Tras Cartón

Desde hace poco más de año y medio, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) elabora mensualmente el Índice Barrial de Precios (IBP), al que define como no oficial ni privado, sino social, y que tiene la particularidad de que sean los vecinos de los barrios más humildes quienes se ocupan de hacer los relevamientos en los comercios donde habitualmente compran. Para hablar de este y otros temas entrevistamos al director del Instituto, Isaac Rudnik.

 

–¿Qué es el índice barrial de precios?

–El índice barrial de precios se inicia en Córdoba a principios de 2011 cuando, a consecuencia de las anomalías en las especificaciones del instituto oficial, un grupo de economistas de la universidad local, nucleados en un instituto que se llama CIPPES –Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales–, en colaboración con un conjunto de movimientos sociales, fundamentalmente Barrios de Pie, empiezan a trabajar la idea de construir un índice propio. La sensación de que nos estaban dando información que no era fidedigna  venía desde hacía ya bastante tiempo, desde el momento de la intervención del INDEC, en 2007, y la construcción de un índice propio surge frente a la necesidad de traducir esa sensación en algún elemento más concreto. A partir del mes de  julio establecimos un acuerdo con el instituto en el que estoy, que es el ISEPCi, para desarrollar el índice, primero en el conurbano bonaerense y después en otras ciudades del país: hoy estamos haciendo este índice en ocho ciudades.

–¿En qué consiste?

–Consiste en que los vecinos de los barrios populares relevan cada treinta días los precios de los 50 productos de la canasta básica de alimentos, que son los 50 productos que figuran en la página del INDEC: los elegimos no porque sean los que cubren todas las necesidades nutricionales de una persona o de una familia, sino para poder contrastar con las cifras que da a conocer el INDEC, y el relevamiento de esos 50 productos en los negocios de los barrios donde viven los vecinos nos permite tener un índice propio y genuino. Ese relevamiento de precios en la góndola o en la estantería no es como muchos de los que hacen las consultoras, que entran a las páginas web de los supermercados y de las listas de precios producen un índice, que tiene la falencia de que muchas veces esos productos que se ven en Internet no se encuentran después en el supermercado porque hay faltantes, son ofertas limitadas u otras cosas. Como dice cualquier manual de ciencia estadística, para tener un índice de precios hay que ir y corroborar que el producto esté en venta en el negocio, entonces ahí se anota el precio y después se hace el índice.

–¿Y cuál es el procedimiento?

–Primero, los mismos vecinos hacen un censo de los negocios donde habitualmente compran; de esos negocios se hace una selección aleatoria y en los que resultan seleccionados se realiza cada treinta días el relevamiento. En el conurbano bonaerense, por ejemplo, se relevaron en el primer censo cerca de 2.500 negocios, de entre los cuales se seleccionaron unos 300, en los que todos los meses, desde hace ya más de dos años, se chequean las variaciones que se han ido produciendo; de ahí en adelante, se ha ampliado la brecha entre el valor de la canasta básica que da a conocer el INDEC y la que relevamos nosotros. La primera vez que nosotros relevamos en el conurbano, a mediados de 2011, la diferencia era de un 65%  y hoy está en el orden del 150%: estamos  relevando que una canasta básica de alimentos para una familia de cuatro personas, dos adultos y dos hijos pequeños, está en el orden de los 1.900 pesos, mientras que para el INDEC está en el orden de los 735 o 740 pesos. Esta es la cifra del mes de agosto, ahora estamos terminando la carga del relevamiento de septiembre y vamos a dar el índice en estos días.

–¿A qué se debe el desfase con las cifras del INDEC?

–Vista a la distancia, la intención principal por la cual se intervino el INDEC y se empezó a producir la manipulación de la información tiene que ver, justamente, con encubrir los niveles de indigencia y de pobreza que persisten en el país a lo largo del tiempo. El valor de la canasta básica de alimentos es lo que da una idea de cuál es la línea de indigencia, y si decimos que ese valor es de 1.900 pesos, los hogares de cuatro personas que no alcanzan ese ingreso son considerados indigentes, y nosotros estamos relevando que el porcentaje de personas que no lo alcanzan es, en el conurbano, de aproximadamente un 7,6%, lo cual significa entre 750.000 y 800.000 personas. Si usted dice, en cambio, que el valor de la canasta básica de alimentos es de 740 pesos, tiene que la cantidad de hogares que no alcanzan ese ingreso es mucho menor: por eso ellos dicen que el porcentaje de indigentes es de menos del 2%, porque son muy pocas las familias que no llegan a ese ingreso.

–¿Y en cuanto al porcentaje de pobreza?

–La canasta básica total, que es la que define la línea de pobreza, se calcula sobre la base del valor de la canasta básica de alimentos multiplicada por un índice que aparece en la página del INDEC y se actualiza mensualmente. Esta canasta básica total está compuesta por los alimentos y todos los productos básicos que hacen falta a una persona o a una familia para poder vivir, y nosotros estamos calculando su valor en el orden de los 4.000 pesos, siempre para una familia de cuatro personas, dos adultos y dos niños pequeños. En cambio, el valor de la canasta básica total del INDEC es de aproximadamente 1.800 o 1.900 pesos, por lo que dicen que una familia que tiene ese ingreso ya no es pobre, y calculan que el nivel de pobreza en el conurbano bonaerense es de aproximadamente 7,5% u 8 %, con lo cual obviamente están diciendo que no hay más de 750.000 u 800.000 personas en el nivel de pobreza, cuando nosotros estamos calculando ese nivel  en el orden del 25%.

–¿Guarda esto relación con la intención de sostener el relato del Gobierno?

–Una cosa es decir que desde el 2003 a la fecha los índices de pobreza y de indigencia siguieron descendiendo y hoy están en porcentajes por debajo de los dos dígitos, y otra cosa es decir que, después de una década de enorme crecimiento de la economía, el 25% de la población sigue estando por debajo de la línea de pobreza y hay casi un 10% de la población que está en condiciones de indigencia; y cuando hablamos de que está en condiciones de indigencia estamos diciendo que no tiene ingresos suficientes para poder alimentarse. Obviamente, eso significa que hay una contradicción entre esa realidad y el relato progresista del Gobierno, que proclama que este es un modelo que no ha dejado de avanzar en sus políticas de inclusión.

–¿Ha realizado el Instituto otros relevamientos?

–En el conurbano de la provincia de Buenos Aires, a los porcentajes de pobreza y de indigencia que hemos llegado a partir del relevamiento de la variación de precios y de la valoración de la canasta básica de alimentos y la canasta básica total, hemos agregado un relevamiento nutricional de talla y peso en niños de 0 a 19 años, siempre en la franja de los barrios populares, y nos están dando cifras que son también muy alarmantes: entre un 43% y un 45% está en condiciones de malnutrición, dividido en bajo peso, peligro de bajo peso y sobrepeso, que también es una enfermedad de la pobreza. Entre los tres rubros hemos hecho tres relevamientos a lo largo de un año, y los porcentajes más o menos se mantienen. Hemos hecho también relevamientos ambientales en la franja de población cercana a los arroyos y a lugares como la cuenca Matanza Riachuelo, y allí las condiciones ambientales son también muy difíciles para una población importante que vive cerca de basurales a cielo abierto, que no tiene agua potable o hay una sola canilla en el barrio, o no tiene cloacas y sí pozo ciego en condiciones sumamente precarias…

–¿Qué otros relevamientos ha practicado?

–También hemos hecho, en la Capital Federal, un relevamiento en las villas y asentamientos respecto del proceso de urbanización que estuvo ligado a cómo visualiza la gente que vive en esos lugares a los dirigentes barriales: en líneas generales, tiene una valoración sumamente negativa de la actuación de esos punteros. Y el último relevamiento que hicimos fue sobre la cantidad de jóvenes que están por debajo de la línea de pobreza y por debajo de la línea de indigencia, y en líneas generales los porcentajes son mayores que en el conjunto de la población: hay más o menos un 30% de jóvenes entre 0 y 17 años que están por debajo de la línea de pobreza y aproximadamente un 10% de jóvenes que están por debajo de la línea de indigencia. Toda esta información en su conjunto nos da la idea de lo que nosotros llamamos mapa de la pobreza, donde hay una coincidencia entre la gente que vive en condiciones de pobreza, o sea que no tiene ingresos suficientes para poder cubrir sus necesidades básicas; que vive en zonas donde tiene dificultades porque no hay cloacas, el agua está contaminada, etcétera; donde los hijos están obviamente por debajo de la línea de pobreza porque no tienen los ingresos suficientes, y donde la relación con la dirigencia política está alimentada fundamentalmente por un sistema de tipo clientelista que no les permite visualizar que a través de la actividad política se pueden canalizar aspiraciones y reclamos genuinos.

–¿Permiten los datos obtenidos fundamentar una opinión sobre la baja en la edad de imputabilidad?

–De acuerdo con nuestro punto de vista y los elementos que podemos sacar justamente de todos estos relevamientos que venimos haciendo y que tienen que ver con altos porcentajes de jóvenes en condiciones de pobreza y de indigencia y de carencias importantes, la problemática que en realidad vive nuestra juventud es una cuestión, y otra cuestión es el tema de la inseguridad: mezclar las dos cosas es buscar no resolver ninguna. Por otro lado, si analizamos a los responsables directos de los delitos, encontramos que el porcentaje de la participación en hechos delictuales de jóvenes de 14 a 16 años, que es la franja que estamos discutiendo incorporar a ser imputable, es menor que la proporción que ocupan en el conjunto de la población, por lo cual no hay en realidad ningún hilo conductor que nos pueda llevar directamente desde la problemática de la inseguridad a que haya una responsabilidad importante de los chicos de 14 a 16 años en esos hechos delictivos que sufrimos todos.

–¿Dónde deben buscarse entonces las causas de esa problemática?

–Si queremos, no digamos resolver, abordar en términos serios el problema de la inseguridad, lo natural es que evaluemos primero el rol de los responsables directos de protegernos de ella, o sea, la policía y demás fuerzas de seguridad que son convocadas para eso, como gendarmería, prefectura, etcétera. En líneas generales, la sensación que tenemos desde el conjunto de la población que efectivamente sufrimos los problemas que trae la inseguridad es que esas fuerzas no nos están resolviendo el problema. Las ausencias reiteradas cuando se producen hechos delictivos y la actuación desmedida en determinadas circunstancias hablan mucho más de la complicidad de ciertos sectores de esas fuerzas con situaciones como las del avance del narcotráfico y de la trata de personas, que se han producido en forma sistemática en los últimos años, y también de la complicidad de la justicia, que en alguna medida le pone el manto protector a esta situación, y del poder político, que no por casualidad no habla de esto cuando habla de la inseguridad, sino de los jóvenes, buscando poner la atención en otro lado. Yo creo que en este momento en que la inseguridad es un problema efectivo para toda la población y los que más la sufren son los pobres, lo que en realidad están buscando con esto de meter la edad de imputabilidad es eludir la cuestión de cuáles son los verdaderos responsables.

Por Haydée Breslav

Para La Rayuela y Tras Carton

 

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