Tras haber decidido retomar el proceso de traspaso que había abandonado hace casi un año, Mauricio Macri envió a la Legislatura un paquete de medidas para hacerse cargo del subte. Se prevén aumentos de hasta 40 centavos por litro de nafta, incrementos en peajes y patentes. Superpoderes para reasignar partidas y la idea de declarar en “emergencia” el servicio por cinco años. Enfrentamiento con los Metrodelegados y los cuestionamientos de la oposición garantizan un debate apretado para el macrismo que no tiene los votos que necesita. Aún hay misterio en torno al valor de la tarifa que podría cambiar si es que no se llega a fin de diciembre con un acuerdo.
El proyecto del macrismo para el traspaso del subterráneo es “invotable”. Así lo definieron varios legisladores porteños de la oposición, que el último día de noviembre integraron las comisiones que tendrían que haberle dado dictamen favorable para que pudiera ser llevado al recinto en la sesión del 13 de diciembre.
La discusión no llegó a un mínimo de acuerdo como para que la iniciativa tuviera siquiera un atisbo de ser consensuada. Discrecionalidad en la modalidad de la futura concesión, recortes a las libertades sindicales y la posibilidad de indexar permanentemente la tarifa en caso de una discusión paritaria con los Metrodelegados han sido los puntos que concitaron la mayor polémica con los opositores y que tampoco han cosechado encendidos apoyos en la propia tropa de Mauricio Macri en la Legislatura.
Desde Bolívar 1 doblaron la apuesta y amenazaron: si el proyecto no se aprueba con un 90% de su contenido intacto, el traspaso vuelve marcha atrás. Un “deja vú” de lo que sucedió exactamente hace 11 meses. En el medio, la cuenta regresiva para el fin de la tarifa subsidiada por el Gobierno Nacional y un contexto de paros que afectan intermitentemente el servicio, pero que podrían profundizarse aún más durante todo diciembre si es que la administración PRO piensa hacer a un lado a la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) y negociar precisamente con el gremio antagónico: la Unión Tranviario Automotor (UTA), del que los metrodelegados se han desprendido, no sin esfuerzo.
Los Metrodelegados por su parte presentaron su propio proyecto. «Primero analizamos la posibilidad de modificar el proyecto del PRO. Pero una vez que empezamos a desmenuzarlo, vimos que es prácticamente imposible. Tiene cláusulas que son inconstitucionales, otras que son ilegales y otras que son inmorales», resumió Enrique Rositto, secretario de prensa de la AGTSyP.
Reunión conjunta de las comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Presupuesto
El viernes 30 de noviembre en el Salón Montevideo se realizó la reunión conjunta de las comisiones de Obras y Servicios Públicos y la de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. Motivo: discutir el expediente 3479-J-2012 – “Ley de regulación y reestructuración del sistema de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Por allí desfilaron el titular de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Juan Pablo Piccardo y el Director de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) Carlos Walter. Las caras largas y la indignación de muchos de los asistentes casi 4 horas después presagiaron que tampoco serían sencillas las negociaciones durante los días previos a la sesión.
“Hace 19 años que el esquema del Subte es del Estado Nacional, hace 10 años que estamos en emergencia ferroviaria, hay muchas inversiones pendientes, son 1.300 millones de dólares de inversiones en infraestructura”, comenzó Piccardo su exposición. “La auditoria del Metro de Barcelona alertó sobre la falta de inversión en mantenimiento, es crítica la seguridad operativa”, dijo a pesar de que este punto había sido alertado hace muchos años por los propios metrodelegados a los que nadie escuchó.
Desacuerdos varios
El planteo de la administración PRO es declarar durante 5 años la emergencia en el subte. Esto le permitiría tener amplias facultades al Ejecutivo, algo que hizo encender luces de alerta en la oposición. Además, el proyecto busca financiar la operación del servicio con un aumento de peajes, un adicional de 40 centavos por litro a la carga de combustibles y un incremento de patentes.
A su vez, define al subterráneo como un servicio esencial, donde cualquier medida de fuerza deberá garantizar el 90% de los recorridos en hora pico y el 60% de los viajes en horario normal.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) esto no es posible porque un medio de transporte puede ser suplido por alguna otra vía. Para el macrismo esto es perfectamente posible. También deja un apartado que aclara que en caso de futuros incrementos salariales (algo inevitable desde la reapertura de las paritarias) estos se cargarán directamente a la tarifa.
La crítica de los metrodelegados sobre la ilegalidad del proyecto fue compartida por otros legisladores de extracción sindical, como Fabio Basteiro del bloque Buenos Aires para Todos, que calificó la iniciativa como “anacrónica y con un alto voltaje de provocación que no puede tratarse seriamente porque contiene un articulado que viola la Constitución Nacional y de la Ciudad”.
La idea solapada del macrismo es también rediscutir la jornada de 6 horas de los trabajadores, conquistada tras la demostración de que estaban afectados a condiciones insalubres de trabajo, sobre todo en la etapa estival.
Piccardo admitió también que “no conocemos aún los gastos del subte” y que deberán “analizar en detalle los costos del operador” – Metrovías, propiedad del Grupo Roggio – a quien nadie, excepto los trabajadores, han querido responsabilizar por el mal servicio que brinda tras varios años de explotar la concesión.
El titular de SBASE resumió el resto de la propuesta: “En 60 días hay que lograr un nuevo acuerdo con el concesionario, el contrato actual es malo, hay que conformar un nuevo contrato con nuevas pautas, revisar el alcance, la transparencia y los costos del contrato. Es inaceptable que no haya mantenimientos. Hay que retirar los coches de la Línea A, renovar coches y ampliar la flota, reparar 100 coches, reparar vías de la Línea C, tramos de la Línea E y sistemas de señales de la C. Mejorar los talleres y realizar la obra del nodo Obelisco».
En ese sentido, aclaró también que los prestadores podrían ser estatales o privados y que será Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) quien tendrá a su cargo la explotación de los ingresos no tarifarios, un negocio muy redituable que hasta hoy ha beneficiado solamente a Roggio.
“En cuanto al subte como servicio público esencial, esto no tiene que ver con cercenar derechos, en determinadas situaciones se debe asegurar el servicio mínimo, paros de muchos días complican demasiado, no hay sustituto para un millón de personas y se pone en riesgo la seguridad», intentó justificar sin mucha adhesión Piccardo.
La oposición calificó de “provocador” al proyecto macrista defendido con uñas y dientes por el legislador michettista Martín Ocampo, uno de sus redactores.
El rechazo incluyó a habituales aliados del PRO en el recinto como el denarvaísta Daniel Amoroso que también expresó sus críticas a la propuesta.
Lo mismo hicieron los diputados opositores Aníbal Ibarra del Fte. Progresista Popular; Alejandro Amor, María José Lubertino, Juan Cabandié y Gabriel Alegre del Fte. para la Victoria; Virginia González Gass y Rafael Gentili de Proyecto Sur; Alejandro Bodart del MST; Fernando Sánchez de la Coalición Cívica, Edgardo Form de Nuevo Encuentro y Juan Pablo Arenaza de Bases para la Unión, que lo consideraron violatorio de derechos constitucionales.
Además hicieron foco en que no existieron definiciones respecto de la tarifa y alertaron sobre que el proyecto busca la contratación de obras en forma directa. Tampoco avalaron los aumentos impositivos previstos en la batería de medidas para hacerse cargo del servicio.
Quórum
El PRO solo cuenta con siete de los 15 integrantes de la estratégica comisión de Obras Públicas presidida por el macrista Enzo Pagani por lo que necesita dos votos aliados y de la UCR para que el proyecto no naufrague. Amoroso, Arenaza y el radical Rubén Campos son los nombres propios en quienes el PRO buscará recostarse.
«Si hay alguna alternativa que resuelva los temas del conflicto, la escucharemos, pero lo que no se puede hacer es negar los problemas, y vemos que la oposición, y especialmente el kirchnerismo, se niega a todo lo que planteamos», advirtió Ocampo, para intentar mostrarse acuerdista.
La reunión del lunes 3 de diciembre donde trataron los proyectos alternativos de Bodart, Gentili, Sánchez y Basteiro, al cierre de esta edición, eran la única esperanza de que pudiera haber algún punto de acuerdo entre tanta disidencia.
Claves
– El paquete impositivo incluido en el proyecto busca recaudar nuevos fondos para el subte a través de una tasa de 40 centavos por litro de nafta premium, 30 por super, 20 por gasoil. Esto ya fue cuestionado por el Gobierno Nacional que anunció que recurrirá a la justicia para toda jurisdicción que quiera obtener una recaudación extra de algo regulado a nivel nacional. Un 10 por ciento de aumento en los peajes de las autopistas porteñas y hasta un 5% más de impuestos de patentes en los autos de más de 150 mil pesos.
– El proyecto no contempla modificaciones en la tarifa por lo que se debería mantener sin aumento. Desde el PRO advirtieron que todavía “no se conoce la ecuación económica del servicio y recién la vamos a saber cuando se apruebe la ley”. Tampoco hay precisión sobre lo que pueda suceder a partir del 1° de enero de 2013 cuando el gobierno nacional termine de girar la última cuota de las 12 comprometidas por la mitad del subsidio a la tarifa. La última vez que Macri se enfrentó con este problema – en su anterior amague de traspaso – dispuso un aumento del 127% que no modificó ninguno de los problemas que el subte venía acarreando hasta ese momento.
– El proyecto de ley incluye una autorización al gobierno de Macri para reasignar partidas – una suerte de “superpoderes” – en función de lo que necesite para financiarse.
Por Gabriel Morini
